La falsedad documental o falsificación de documentos es un delito regulado por el Código Penal español. En este post analizamos qué tipos de delitos de falsedad documental existen y con qué penas se castigan.

¿Qué es la falsedad documental?

El delito de falsedad documental es aquel que se comete alterando o falsificando los elementos esenciales de un documento verdadero para convertirlo en falso, o bien creando un documento nuevo y verdadero a partir de un hecho falso.

¿Qué se entiende por “documento” en la ciencia penal?

A tenor del artículo 26 del Código Penal se extrae la definición de documento, a partir de la cual podremos saber qué archivos son aquellos que pueden ser objeto de un delito de falsedad documental.

A los efectos de este Código se considera documento todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica.

Artículo 26 del Código Penal

¿Dónde se regula el delito de falsedad documental?

Los delitos de falsedad documental se sitúan en el Título XVIII (de las falsedades), Capítulo II (de las falsedades documentales), artículos 390 a 399 del Código Penal (CP).

¿Qué clases de documentos tienen cabida en este delito de falsedades?

Los documentos que tras ser alterados pueden encajar en un delito de falsedad documental son los que se indican a continuación:

• Documentos públicos, especificados en el artículo 1216 del Código Civil: “Son documentos públicos los autorizados por un Notario o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la ley.”
• Documentos oficiales, que son aquellos expedidos y firmados por funcionarios en el ejercicio de sus funciones.
• Documentos mercantiles, son los que encierran cualquier acto o derecho de naturaleza mercantil.
• Documentales privados, que según la doctrina hacen referencia a aquellos que no constituyen un documento oficial, mercantil o público.

¿Cuál es el bien jurídico protegido en los delitos de falsedad documental?

El bien jurídico protegido a través de la tipificación del delito de falsedad documental es la veracidad de la que gozan determinados objetos en el tráfico jurídico como medios de prueba.

En otras palabras, se podría decir que el bien afectado y protegido por este hecho ilícito es la confianza en la autenticidad del documento y en la información veraz de su contenido probatorio.

¿Cuáles son los requisitos de un delito de falsedad documental?

Objetivamente hablando, se necesitará la presencia de los siguientes elementos para corroborar que se está ante un delito de falsedad documental: debe producirse una alteración de la verdad (mutatio veritatis) en alguno de los elementos esenciales del documento y ese cambio en los datos ha de ser lo suficientemente importante como para afectar a las consecuencias jurídicas que provocaría ese documento.

Por otro lado, desde el punto de vista subjetivo, los elementos esenciales que han de concurrir para afirmar la presencia de este delito son la conciencia y la voluntad del autor para alterar el documento en cuestión.

¿Qué tipos de falsedad documental contempla el Código Penal?

En el Capítulo II del Título XVIII del Código Penal aparecen diferentes secciones, en cada una de ellas se trata una forma diferente de cometer este delito y se establecen diferentes penas.

Así, se distinguen los siguientes tipos de falsedad documental:

1. Falsedad en documento público

Se regula en la sección 1ª (De la falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación), artículos 390 a 394. Este delito puede ser cometido tanto por funcionarios o autoridades públicas, como por particulares.

Si lo comete un funcionario o autoridad pública, de forma dolosa, se castiga con penas de prisión de 3 a 6 años, multa de 6 a 24 meses e inhabilitación especial por tiempo de 2 a 6 años:

1. Será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad:

1.º Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial.

2.º Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad.

3.º Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho.

4.º Faltando a la verdad en la narración de los hechos.

Artículo 390.1 del Código Penal

Si lo comete un funcionario o autoridad pública, por imprudencia grave, según el artículo 391 del CP, será castigado con penas de multa de 6 a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 1 año.

La autoridad o funcionario público que por imprudencia grave incurriere en alguna de las falsedades previstas en el artículo anterior o diere lugar a que otro las cometa, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a un año.

Artículo 391 del Código Penal

Pero como vemos también puede ser cometido por un particular, en función de lo establecido por el artículo 392 del CP y castigado con penas de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses.

1. El particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390, será castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

Artículo 392.1 del Código Penal

2. Falsedad en documento privado

En la sección 2ª (De la falsificación de documentos privados), artículo 395 y 396.

El que, para perjudicar a otro, cometiere en documento privado alguna de las falsedades previstas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.

Artículo 395 del Código Penal

3. Falsificación de certificados

Sección 3ª (De la falsificación de certificados), artículos 397 a 399.

El facultativo que librare certificado falso será castigado con la pena de multa de tres a doce meses.

Artículo 397 del Código Penal

En este supuesto también se diferencia entre el delito cometido por funcionario público y el cometido por un particular.

Por funcionario o autoridad pública, castigado con la pena de suspensión de 6 meses a 2 años:

La autoridad o funcionario público que librare certificación falsa con escasa trascendencia en el tráfico jurídico será castigado con la pena de suspensión de seis meses a dos años.

Este precepto no será aplicable a los certificados relativos a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública.

Artículo 398 del Código Penal

Por un particular, castigado con pena de multa de 3 a 6 meses:

1. El particular que falsificare una certificación de las designadas en los artículos anteriores será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.

Artículo 399.1 del Código Penal

4. Falsificación de tarjetas de crédito y débito, cheques de viaje y demás instrumentos de pago

Sección 4ª (De la falsificación de tarjetas de crédito y débito, cheques de viaje y demás instrumentos de pago distintos del efectivo), artículos 399 bis y 399 ter.

1. El que altere, copie, reproduzca o de cualquier otro modo falsifique tarjetas de crédito o débito, cheques de viaje o cualquier otro instrumento de pago distinto del efectivo, será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años.

(…)

Artículo 399 bis del Código Penal

Existen determinados casos en los que, si bien una persona está cometiendo un delito, no sabe que lo que está haciendo constituye una infracción penal. Esto puede deberse a distintas razones, según lo cual, podemos hablar de error de tipo o error de prohibición.

A continuación explicamos en qué consiste cada uno y qué diferencia hay entre error de tipo y error de prohibición.

¿Qué es el error de tipo?

El error de tipo se produce cuando un sujeto comete un delito sin conocer los elementos del tipo objetivo, sea sobre los hechos que constituyen la infracción o sobre las circunstancias agravantes de la misma o que la cualifican.

¿Dónde se regula el error de tipo?

Se regula en el artículo 14 del Código Penal, apartados 1 y 2.

1. El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera vencible, la infracción será castigada, en su caso, como imprudente.

2. El error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia agravante, impedirá su apreciación.

(…)

Artículo 14 del Código Penal

Clases de error de tipo

El artículo 14 del Código Penal diferencia las siguientes:

• El error sobre un hecho constitutivo de la infracción. Tiene lugar cuando hay un error sobre un elemento que hace que la conducta cometida sea delito.
  • Si se trata de un error de tipo invencible, excluirá de responsabilidad penal.
  • Si teniendo en cuenta las circunstancias del hecho y las personales del autor se trata de un error de tipo vencible, la infracción se castigará como imprudente.
• El error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una agravante. Si se produce, impide que se aprecie tal cualificación o circunstancia agravante.

Ejemplos de error de tipo

Veamos algunos casos en los que se comete error de tipo:

Error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción

Una mujer que se hace pasar por una persona enferma le pide ayuda a otra para transportar una bolsa a lo largo de una calle. Aparece la policía y la mujer sale huyendo.

Cuando paran al hombre, ve que está transportando una importante cantidad de cocaína. No se le puede acusar de un delito de tráfico de drogas, porque en realidad no sabía lo que llevaba y había actuado de buena fe, pensando que ayudaba a otra persona a llevar sus pertenencias.

Error vencible sobre un hecho constitutivo de la infracción

Una persona de 20 años mantiene relaciones sexuales una noche con una persona de 15 que le hace creer que tiene 18 años, si bien sus características físicas invitan a pensar que tiene menos edad.

En este caso podríamos estar ante un delito de agresión sexual en el que hay un error vencible, ya que la otra persona pudo sospechar que mantenía relaciones con alguien que no tenía la edad de consentimiento.

No obstante, sería un caso en el que habría que analizar bien todas las circunstancias (por ejemplo, las características intelectuales de la persona mayor).

Error sobre una agravante

Dos hombres tienen una discusión durante el transcurso de una fiesta, tras la cual, uno de ellos apuñala al otro. Una vez que el padre del agresor conoce los hechos, le confiesa a su hijo que la persona a la que ha apuñalado es otro hijo suyo no reconocido, por lo que aquel y el agredido resultan ser hermanos.

La víctima, conocedora de esta circunstancia, presenta una demanda de reclamación de paternidad.

Aun en el caso de que la filiación fuera reconocida antes de celebrarse el juicio penal, no se podría aplicar la circunstancia mixta de parentesco (que en este tipo de delitos actúa como agravante), porque en el momento en que tuvo lugar el delito, el autor del mismo no sabía que la otra persona era su hermano.

¿Qué es el error de prohibición?

El error de prohibición tiene lugar cuando una persona comete un delito sin saber que se trata de una infracción penal, bien porque cree que se trata de un acto que no está prohibido o porque cree que tiene autorización para obrar de ese modo.

¿Dónde se regula el error de prohibición?

Está regulado en el apartado 3 del artículo 14 del Código Penal.

3. El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados.

Artículo 14.3 del Código Penal

Clases de error de prohibición

El Código Penal distingue entre dos tipos:

Ejemplo de error de prohibición

Una persona que procede de un país en el que a los ciudadanos se les permite llevar armas de fuego se viene a vivir a España y compra una pistola. Se puede considerar que existe un error de prohibición quizás vencible, ya que la persona podría haber pensado que la legislación española puede ser distinta.

No obstante, habría que analizar las circunstancias personales del individuo, ya que si por ejemplo se trata de una persona muy joven y con una cultura muy escasa, se podría tratar de un error invencible.

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Cuando se comete un delito, el tiempo durante el cual está activa la acción penal, y por tanto la posibilidad de perseguirlo, es limitado. Una vez transcurrido el tiempo de prescripción, se extingue la responsabilidad penal por el delito cometido.

El plazo de prescripción de la acción penal varía según la gravedad del delito y la pena correspondiente, que para el delito de asesinato puede llegar hasta la prisión permanente revisable.

¿Cuándo prescribe la acción penal en caso de asesinato?

El artículo 131 del Código Penal establece distintos plazos de prescripción de los delitos según la pena prevista para cada uno, y contempla un plazo de prescripción de 20 años cuando la pena máxima señalada para el delito sea prisión de 15 o más años.

El asesinato está castigado con distintas penas según se trate del tipo básico, del tipo agravado o del tipo hiperagravado, pero en todos los casos, la pena máxima excede de los 15 años, llegando en el tipo hiperagravado a la prisión permanente revisable. 

Por tanto, el plazo de prescripción para el delito de asesinato, independientemente de las circunstancias que concurran en el caso concreto, es de 20 años. 

¿Cuándo empieza a contarse el plazo de prescripción para el delito de asesinato?

De acuerdo con el artículo 132 del Código Penal, el plazo se computa desde el día en que se haya cometido el delito. 

No obstante, en caso de tentativa de homicidio (se entiende que también es aplicable para la tentativa de asesinato), si la víctima es menor de edad, el plazo se cuenta desde que esta cumple 35 años, y si fallece antes de alcanzar esa edad, a partir del día del fallecimiento.

¿En qué casos se interrumpe el plazo de prescripción en el delito de asesinato?

El plazo de prescripción de los delitos puede ser interrumpido cuando se den las siguientes circunstancias (artículo 132.2 del Código Penal):

• Cuando exista un procedimiento dirigido contra el responsable indiciario del asesinato, entendiendo por tal la persona sobre la que existen indicios suficientes de responsabilidad criminal.
  • Un procedimiento se dirige contra el responsable indiciario cuando se dicte resolución motivada que le atribuya su presunta participación en el asesinato.
  • El cómputo del plazo se reanudará desde cero si se paraliza el procedimiento o termina sin que se dicte condena.
• Cuando se interponga una querella o denuncia ante el órgano judicial, atribuyendo a una persona su participación presunta en el delito de asesinato. En este caso, el plazo se interrumpe por un plazo de 6 meses.
  • El plazo se reanudará desde la fecha de la querella o denuncia si finalmente recae una resolución judicial firme de inadmisión a trámite, o si no recae ningún tipo de resolución durante esos 6 meses.

¿Cómo opera la prescripción del delito de asesinato?

La prescripción debe ser apreciada de oficio por el juez cuando se inicia la persecución del delito, quedando sin efecto la acción penal, pero, si no es así, el acusado puede alegar la prescripción e invocarla ante el juez en cualquier momento del procedimiento.

Tan solo hay una limitación: que no haya recaído aún sentencia firme. Si ya ha sucedido, no cabe alegar la prescripción del delito.

No obstante, el Código Penal también contempla la prescripción de la pena, cuyos plazos empiezan a correr cuando ya ha sido dictada sentencia y mientras esté pendiente de ejecución.

El acto de matar a otra persona se convierte en asesinato cuando en el hecho concurren determinadas circunstancias que lo hacen más grave, y que denotan una especial intención criminal.

El Código Penal castiga tanto el asesinato efectivamente cometido como los actos conducentes a cometerlo, aunque no se llegue a producir el resultado buscado, es decir, el asesinato en grado de tentativa.

¿Cuándo se comete un asesinato en grado de tentativa?

Se comete un delito de asesinato en grado de tentativa cuando el sujeto inicia la ejecución del delito mediante actos exteriores, llegando a realizar todos o algunos de los actos conducentes a producir el resultado, pero este no se produce por motivos ajenos a la voluntad del autor. 

La tentativa de delito está contemplada en el artículo 16 del Código Penal, y solo puede producirse en los delitos llamados de resultado, que son aquellos en los que se castiga la producción de un resultado, no solo la realización de una conducta.

El asesinato es un delito de resultado, y como tal, puede analizarse dividido en distintas fases, de modo que es posible ejecutar algunas de ellas sin llegar a completar el resultado. Ese grado de ejecución es el que se castiga como delito de asesinato en grado de tentativa.

A su vez, la tentativa puede ser acabada (cuando se han ejecutado todos los actos) o inacabada (cuando solo se han ejecutado algunos), que equivalen a los antiguos delito frustrado y delito en grado de tentativa.

¿Qué condiciones debe cumplir el asesinato en grado de tentativa?

Atendiendo a la definición que da el propio artículo 16, para que pueda entenderse cometido un asesinato en grado de tentativa, es necesario que la ejecución del hecho cumpla las siguientes condiciones: 

• Que se dé principio a la ejecución del delito por actos exteriores. Por tanto, no se castiga la planificación de un asesinato si no se materializa en actos exteriores, y tampoco es punible la intención de asesinar.
• Que se practiquen todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado. Es importante puntualizar que los actos que se deben realizar deben conducir objetivamente al resultado de asesinato, ya que el sujeto puede haber planificado mal y acabar realizando otros actos que no pueden provocar el resultado esperado.
  • Por ejemplo, sí hay tentativa si se vierte un veneno efectivo en la bebida de la víctima, pero no se llega al resultado de muerte o no se llega a completar la acción en su totalidad.
  • Por otro lado, los actos realizados pueden ser todos o solo algunos, dando lugar respectivamente a una tentativa acabada o a una tentativa inacabada.
• Que el resultado no se produzca por causas independientes de la voluntad del autor. No existe tentativa cuando es el propio sujeto el que evita que se produzca el resultado, y de hecho, esta circunstancia se contempla como una causa de exención que veremos en otro apartado.
• Que exista dolo. No puede haber asesinato por imprudencia, ya que se trata de un delito doloso, y como consecuencia, tampoco puede haber tentativa de asesinato sin dolo, es decir, sin intención de asesinar.

¿Cuál es la pena para un delito en grado de tentativa?

La pena a imponer para la tentativa de un delito es la pena inferior en uno o dos grados a la señalada para el delito consumado, y se gradúa teniendo en cuenta cuál ha sido el peligro inherente al intento y el grado de ejecución alcanzado (artículo 62 del Código Penal).

Esta regla permite imponer una pena inferior a una tentativa inacabada frente a la que puede corresponder a una tentativa acabada, ya que, lógicamente, la segunda reviste mayor gravedad.

En el caso del delito de asesinato, al propio delito consumado le corresponden penas distintas según se trate del tipo básico o de alguno de los tipos agravados.

¿Cómo se castiga la tentativa de asesinato en el tipo básico?

El tipo básico de asesinato es el que se comete concurriendo las circunstancias que contempla el artículo 139 del Código Penal:

• Con alevosía.
• A cambio de precio, recompensa o promesa.
• Con ensañamiento.
• Para facilitar la comisión o el descubrimiento de otro delito.

La pena para el tipo básico de asesinato es la de prisión de 15 a 25 años, de modo que la pena para la tentativa de asesinato es:

• Prisión de 7 años y 6 meses a 15 años menos 1 día, correspondiente a la pena inferior en un grado.
• Prisión de 3 años y 9 meses a 7 años y 6 meses menos 1 día, correspondiente a la pena inferior en dos grados.

¿Cómo se castiga la tentativa del tipo agravado de asesinato?

Se comete el tipo agravado de asesinato cuando concurren dos o más circunstancias de las contempladas para el tipo básico en el artículo 139, siendo la pena correspondiente en este caso la misma, pero aplicada en su mitad superior, es decir, prisión de 20 a 25 años.

El delito de asesinato agravado en grado de tentativa, por tanto, está castigado con las siguientes penas: 

• Prisión de 10 años a 20 años menos 1 día, correspondiente a la pena inferior en un grado.
• Prisión de 5 años a 10 años menos 1 día, correspondiente a la pena inferior en dos grados.

¿Cómo se castiga la tentativa del tipo hiperagravado de asesinato?

Se comete el tipo hiperagravado del delito de asesinato cuando en el hecho concurre cualquiera de las circunstancias contempladas para el tipo básico y, además, cualquiera de las que establece el artículo 140 del Código Penal:

La pena del delito de asesinato en su tipo hiperagravado es la de prisión permanente revisable. En este caso, para calcular la pena del delito en grado de tentativa, hay que tener en cuenta lo que establece el artículo 77.4 del Código Penal, en virtud del cual:

• La pena inferior en un grado es la de prisión de 20 a 30 años. 
• La pena inferior en dos grados se calcula tomando como referencia la pena anterior, y, por tanto, es de prisión de 10 años a 20 años menos 1 día.

¿Qué ocurre si el autor se arrepiente antes de completar el asesinato?

Como hemos visto, la tentativa de asesinato existe cuando el autor de los hechos realiza todos o algunos de los actos necesarios para cometer el delito, pero este no se produce por causas ajenas a su voluntad.

Si el sujeto se echa atrás y decide no cometer el asesinato, aunque ya haya realizado todos o algunos de los actos necesarios, ya no se trata de tentativa, porque no se cumple el requisito de frustración del resultado por causas ajenas a su voluntad. 

Como consecuencia, el artículo 16.2 del Código Penal prevé la exención de responsabilidad penal en los siguientes casos:

• Cuando el resultado no se produce porque el autor decide no completar los actos necesarios para cometer el delito, es decir, desiste de la ejecución del delito después de haberla iniciado.
• Cuando el resultado no se produce porque el autor lo impide una vez ejecutados todos los actos necesarios para cometer el delito. Es decir, cuando él mismo realiza una nueva acción que evita que se produzca el resultado.
• Si participan varias personas en la comisión del delito, y solo una de ellas intenta evitarlo, sin éxito, la exención solo se aplica a ese copartícipe, aunque es necesario probar que se produjo efectivamente un intento firme y decidido de evitar el resultado.

No obstante, aunque no se castigue por un delito de asesinato, el culpable deberá responder por los daños o las lesiones que haya podido causar antes de frustrar el asesinato, que serán castigados aplicando la pena correspondiente.

¿Cómo se castigan las lesiones derivadas de una tentativa de asesinato?

Como se ha dicho en el apartado anterior, aunque el autor de los hechos acabe desistiendo de la comisión completa del delito de asesinato, debe responder por las lesiones que haya podido causar a la víctima antes de desistir.

Incluso, aunque sí se castigue la propia tentativa de asesinato, es posible que se hayan provocado lesiones con entidad separada del delito de asesinato, en cuyo caso, se plantea la duda de si se deben castigar aparte o ya se entienden absorbidas por la pena de la tentativa de asesinato.

Los casos posibles son muy variados, y es difícil encontrar una única solución para todos, por lo que habrá que atender a las circunstancias que concurran en cada supuesto concreto, y a si existe un dolo unitario que abarque todas las acciones o un dolo separado para las lesiones y para el asesinato.

No obstante, de todas las teorías que manejan la doctrina y la jurisprudencia, la más aceptada es la teoría de la unidad, que consiste en entender que el dolo del delito más grave implica el dolo del delito menor, que actúa de forma subsidiaria.

En virtud de esta teoría, si se consuma el delito de asesinato, no se castigan las lesiones, pero si no se consuma el delito de asesinato, y se castiga solo por la tentativa, cobran importancia las lesiones, que deben castigarse también.

Los fundamentos de esta teoría son los siguientes:

• No todos los intentos de asesinato cursan con lesiones, por lo que no es justo castigar de igual modo una tentativa de asesinato con producción de lesiones que una tentativa sin lesiones.
• Puede concurrir un específico dolo de lesionar además del dolo de asesinar, y no parece justo no tomarlo en consideración.
• El propio Código Penal prevé que se castiguen las lesiones producidas incluso cuando se aplica la exención por desistimiento o evitación por parte del propio autor de los hechos.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que quizá las lesiones ya se han valorado para apreciar un tipo agravado de tentativa de asesinato, por lo que, en ese caso, castigarlas aparte supondría una vulneración del principio non bis in idem.

Así pues, es necesario considerar todos los factores concurrentes en el caso concreto, porque, como se ha puesto de manifiesto, puede tratarse de supuestos muy diferentes que merecen tratamientos distintos.

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Introducción

En el dinámico panorama empresarial actual, optimizar el rendimiento de tu equipo no es solo un objetivo, sino una necesidad para mantenerse competitivo y lograr tus objetivos estratégicos. Los enfoques tradicionales de gestión del rendimiento están evolucionando, y la tecnología está a la vanguardia de esta transformación.

Muchas empresas están adoptando soluciones avanzadas de software de gestión del rendimiento (PMS, por sus siglas en inglés) para hacer frente a este desafío. Estas soluciones tecnológicas están revolucionando la forma en que las organizaciones optimizan la productividad, fomentan el talento e impulsan su éxito.

En este blog, exploramos algunas de las mejores plataformas de software de gestión del rendimiento, analizando sus principales características, modelos de precios y cómo pueden transformar el entorno de trabajo de tu organización.

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Algunos de los principales beneficios de incorporar un software de gestión del rendimiento son:

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Estos beneficios contribuyen a una fuerza laboral más comprometida y productiva, lo que impulsa el éxito general de la organización.

Cómo elegir el software de gestión del rendimiento adecuado

Elegir el software de gestión del rendimiento (PMS) adecuado requiere considerar detenidamente varios factores clave.

Con tantas opciones disponibles, ¿cómo elegir el software de gestión del rendimiento (PMS) adecuado para tus necesidades?

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En segundo lugar, las capacidades de integración también son fundamentales. Elige un PMS que se integre bien con tus sistemas de RR.HH. existentes, como la nómina y las bases de datos de empleados.

Por último, considera el análisis del rendimiento. Opta por un PMS que ofrezca capacidades analíticas potentes y que te permita hacer un seguimiento de las tendencias de rendimiento, identificar áreas de mejora y tomar decisiones basadas en datos.

Al considerar estos factores, podrás tomar una decisión bien informada al seleccionar el software de gestión del rendimiento adecuado para tu organización.

Preguntas frecuentes

Tomar algo ajeno sin el consentimiento de su dueño y con el afán de lucrarse con ello, aunque no se haga usando la fuerza o la intimidación, es un delito, pese a que en ocasiones se pueda pensar que se trata de una acción sin importancia.

El delito de hurto, según el valor de lo hurtado, puede llegar a ser castigado con pena de prisión.

En este artículo vamos a ver en qué consiste y qué circunstancias se tienen en cuenta para fijar la pena.

¿En qué consiste el delito de hurto?

El delito de hurto está contemplado en el artículo 234 del Código Penal, y consiste en tomar cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño y actuando con ánimo de lucro. 

Se trata de un delito calificado como menos grave si la cuantía de lo sustraído es superior a 400 euros, y de un delito leve si es inferior o igual a dicha cuantía.

Además, se puede incurrir en un tipo agravado:

• Si concurre en el hecho alguna de las circunstancias contempladas en el artículo 235, que se refieren a la naturaleza de los bienes sustraídos y a las consecuencias que pueda tener el hurto para la víctima.
• Si se da reincidencia en el delito leve, en los términos que se indican en el artículo.

¿Qué elementos deben darse en el delito de hurto?

De acuerdo con el artículo 234, los elementos esenciales del tipo son los siguientes: 

Ánimo de lucro

Para que exista hurto, el sujeto activo debe actuar movido por el interés de obtener un provecho económico, de apropiarse el objeto hurtado para el propio beneficio.

Si su intención es tomarlo prestado, por ejemplo, no se trata de un hurto, aunque la conducta sea reprochable y en algunos casos también esté castigada penalmente, como ocurre en el hurto de uso de vehículos del artículo 244 del Código Penal.

Apropiación de un objeto mueble

En el delito de hurto, el sujeto toma para sí un objeto mueble que no le pertenece.

El objeto, por tanto, debe ser mueble, ya que si se trata de un inmueble, la conducta es constitutiva de otro tipo de delito, pero no de hurto.

En la práctica, es habitual que el hurto recaiga sobre objetos de poco valor, ya que no se encuentran protegidos por fuertes medidas de seguridad y para su apropiación no es necesario usar la fuerza.

Se entiende por objeto mueble todo objeto evaluable económicamente que puede ser desplazado sin verse alterado y sin sufrir deterioro, incluidos los animales, los gases y los fluidos envasados.

Ajenidad

El hurto consiste en tomar cosas muebles ajenas, es decir, que pertenecen a otra persona.

No se considera hurto la apropiación de una cosa propia que se encuentra en poder de otro, aunque dicha acción constituya otro tipo penal.

La característica de ajenidad no siempre es fácil de determinar, aunque lo parezca. Por ejemplo, cuando se trata de bienes en apariencia abandonados, pero que no lo están, apreciar ajenidad supone la diferencia entre haber cometido un delito o no haberlo hecho.

Falta de consentimiento

Solo se comete hurto cuando se toma un bien ajeno sin consentimiento de su propietario. Por tanto, no puede haber consentimiento expreso ni mera tolerancia.

Ausencia de fuerza, violencia o intimidación

El delito de hurto se diferencia del delito de robo en que en el primero no se emplea fuerza, violencia o intimidación al tomar el objeto ajeno, como sí ocurre en el segundo.

Se entiende por fuerza la aplicada sobre las cosas, por ejemplo, al romper una cerradura para acceder al objeto.

Se entiende por violencia o intimidación la aplicada sobre las personas, por ejemplo, si el propietario o el poseedor ofrecen resistencia en el momento de la apropiación.

¿Cuáles son las características del delito de hurto?

El delito de hurto se caracteriza por las siguientes notas:

• Es un delito doloso, ya que el ánimo de lucro implica una intención, y el Código Penal no contempla su comisión imprudente.
• Es un delito de acción, que se comete cuando el sujeto activo realiza una conducta, lo que excluye la posibilidad de comisión por omisión.
• Es un delito de resultado, que se completa cuando se realizan todos los actos para la apropiación. Si no se llega a completar la conducta, se puede apreciar la comisión de un hurto en grado de tentativa.
• Es un delito común, que puede ser cometido por cualquier persona, sin que se requieran condiciones especiales en el autor de los hechos.

¿Con qué pena se castiga el delito de hurto?

La pena para el delito de hurto depende de si el delito es leve o menos grave, y de si concurren circunstancias agravantes o no. 

Delito leve de hurto

El delito leve de hurto sustituye a la ya desaparecida falta de hurto, y se comete cuando la cuantía de lo sustraído es igual o inferior a 400 euros. Se castiga con pena de multa de 1 a 3 meses. 

El delito leve de hurto puede verse agravado si concurren determinadas circunstancias: 

• Cualquiera de las contempladas en el artículo 235, que se refieren al especial valor de los objetos hurtados, al considerable perjuicio que supone para la víctima o a la circunstancia de pertenecer el autor a un grupo criminal (y que analizaremos al ver el delito agravado de hurto). En este caso, la pena a imponer es la de prisión de 1 a 3 años. 
• La reincidencia en los términos que indica el artículo, es decir, haber sido condenado por sentencia firme al menos por tres delitos de la misma naturaleza contra el patrimonio o el orden socioeconómico, incluso si son leves, si el valor acumulado excede de 400 euros. No se contabilizan los antecedentes cancelados o que debieran serlo. La pena en este caso es la de prisión de 6 a 18 meses.

Por otro lado, se impondrán las penas en su mitad superior si, como en el delito menos grave, se neutralizan, eliminan o inutilizan dispositivos de alarma o seguridad instalados en los objetos.

Delito menos grave de hurto

El delito menos grave de hurto es el que se comete cuando el valor de lo sustraído es superior a 400 euros, y en su tipo básico se castiga con pena de prisión de 6 a 18 meses.

No obstante, si en la comisión de los hechos se neutralizan, eliminan o inutilizan, por cualquier medio, los dispositivos de alarma o seguridad instalados en los objetos hurtados, se aplicará la pena en su mitad superior. 

Un ejemplo de dichos dispositivos son los que se incorporan en las bebidas alcohólicas del supermercado o en algunas prendas de ropa de un establecimiento comercial.

Delito agravado de hurto

El artículo 235 contempla unas circunstancias que, además de tenerse en cuenta para agravar específicamente el delito leve de hurto, como ya se ha analizado en el apartado anterior, también configuran el tipo agravado del delito de hurto:

[…]

1.º Cuando se sustraigan cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.

2.º Cuando se trate de cosas de primera necesidad y se cause una situación de desabastecimiento.

3.º Cuando se trate de conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico, de hidrocarburos o de los servicios de telecomunicaciones, o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios de interés general, y se cause un quebranto grave a los mismos.

4.º Cuando se trate de productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención, siempre que el delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas y se cause un perjuicio grave a las mismas.

5.º Cuando revista especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos sustraídos, o se produjeren perjuicios de especial consideración.

6.º Cuando ponga a la víctima o a su familia en grave situación económica o se haya realizado abusando de sus circunstancias personales o de su situación de desamparo, o aprovechando la producción de un accidente o la existencia de un riesgo o peligro general para la comunidad que haya debilitado la defensa del ofendido o facilitado la comisión impune del delito.

7.º Cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en este Título, siempre que sean de la misma naturaleza. No se tendrán en cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo.

8.º Cuando se utilice a menores de dieciséis años para la comisión del delito.

9.º Cuando el culpable o culpables participen en los hechos como miembros de una organización o grupo criminal que se dedicare a la comisión de delitos comprendidos en este Título, siempre que sean de la misma naturaleza.

[…]

Artículo 235 del Código Penal

La pena depende del número de circunstancias que concurran:

• Pena de prisión de 1 a 3 años si concurre una circunstancia.
• La misma pena, pero aplicada en su mitad superior, si concurren dos o más circunstancias.

Destruir o menoscabar la propiedad ajena y producir con ello un perjuicio económico a su propietario es un delito de daños, castigado por nuestro ordenamiento jurídico hasta con pena de prisión. 

No obstante, el daño puede haberse producido intencionadamente o por imprudencia, y la pena varía según el caso.

En este artículo vamos a ver qué se entiende por delito de daños y qué pena le corresponde.

¿Dónde se regula el delito de daños?

El delito de daños está regulado en los artículos 263 a 267 del Código Penal, en los que se contemplan una serie de acciones que provocan un menoscabo en el valor patrimonial de la propiedad ajena, y cuyo bien jurídico protegido es el patrimonio. 

El Código Penal dedica a ellos un capítulo completo, el capítulo IX del título XIII del libro II, bajo la rúbrica “De los daños”, en el que se incluyen acciones muy variadas.

¿En qué consiste el delito de daños?

El artículo 263 del Código Penal define el tipo básico del delito de daños, al establecer que cometerá delito de daños el que cause daños en propiedad ajena no comprendidos en otros títulos. 

El artículo no aclara el sentido del término, aunque el diccionario panhispánico del español jurídico define los daños como un perjuicio o lesión, y el diccionario de la Real Academia Española recoge el significado de dañar como causar detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia, o bien maltratar o echar a perder algo. 

Conforme al artículo, para que haya delito de daños, deben concurrir los siguientes elementos: 

• Originación de un menoscabo, perjuicio o lesión como consecuencia de una acción realizada por el sujeto activo.
• El daño debe recaer sobre una propiedad ajena. Como propiedad, debe ser algo evaluable económicamente y debe de pertenecer a otra persona. Según la tipología del delito de daños, el daño puede recaer:
  • Sobre bienes materiales, datos informáticos, documentos electrónicos o sistemas informáticos.
  • Sobre obras, establecimientos o instalaciones militares, o sobre otro objeto, de modo que se altere el normal funcionamiento del servicio de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
• Dolo o imprudencia, puesto que también se contempla la comisión imprudente del delito en otro artículo.
• Exclusión de otros tipos penales, ya que solo es delito de daños el daño que no constituye otro tipo penal diferente regulado en otro capítulo del Código Penal.

El delito de daños es un delito de resultado, y se completa el tipo punible cuando se causa un daño, de modo que se puede apreciar la comisión en grado de tentativa si el resultado no llega a producirse.

También es un delito de acción, donde se requiere la realización de una conducta por parte del sujeto activo.

¿Qué pena corresponde al delito de daños?

El Código Penal contempla distintas variantes del delito, según el bien afectado por los daños, el menoscabo sufrido y las circunstancias que concurran en la acción.

Vamos a ver todas las posibilidades con sus penas correspondientes:

Tipo básico del delito de daños

Como ya hemos mencionado, el artículo 263.1 contempla el tipo básico del delito de daños, en el que se castiga la causación de un menoscabo evaluable económicamente en una propiedad ajena.

Este artículo hace alusión a los daños materiales, a los que corresponde las siguientes penas:

• Pena de multa de 1 a 3 meses si la cuantía del daño es igual o inferior a 400 euros.
• Pena de multa de 6 a 24 meses si la cuantía es superior a 400 euros. Para la determinación de la pena se atenderá a la condición económica de la víctima y a la cuantía exacta del daño.

Tipo agravado del delito de daños

El artículo 263.2 prevé pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses para el tipo agravado del delito de daños, que se comete cuando concurren las siguientes circunstancias, indicativas de la intención del autor de causar un perjuicio más grave: 

• Cuando los daños tengan por objetivo impedir el libre ejercicio de la autoridad o se realicen como consecuencia de las acciones ejecutadas por la autoridad en el ejercicio de sus funciones. También cuando se cometan contra funcionarios públicos, o contra particulares que, como testigos o de cualquier otra forma, hayan contribuido o puedan hacerlo en la ejecución o aplicación de las leyes.
• Cuando supongan la infección o contagio de ganado, por cualquier medio.
• Cuando se provoquen empleando sustancias venenosas o corrosivas.
• Cuando recaigan sobre bienes de dominio o uso público.
• Cuando arruinen al perjudicado o lo coloquen en grave situación económica.
• Cuando los daños sean de especial gravedad o afecten a los intereses generales.

Delito de daños por imprudencia

El artículo 267 prevé que se pueda cometer el delito de daños por imprudencia, si bien solo se castiga la comisión imprudente si se cumplen las siguientes condiciones: 

• Que los daños se causen por una imprudencia grave.
• Que la cuantía de los daños sea superior a 80.000 euros.

La pena para el delito imprudente de daños es de multa de 3 a 9 meses, según la importancia de los daños.

No obstante, cuando se trata de imprudencia, el delito solo es perseguible previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, o del Ministerio Fiscal si el afectado es menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o persona desvalida.

Además, en este caso, la acción penal se extingue con el perdón del ofendido. 

Otros delitos de daños

También existen otras variantes de este delito, como por ejemplo el delito de daños informáticos (artículo 264) o la obstaculización de sistemas informáticos (artículo 264 bis), entre otros casos que explicamos en otro post.

La existencia de delito en relación con las relaciones sexuales gira en torno al consentimiento, de modo que toda conducta sexual en la que no exista un consentimiento válido se considera delito de agresión sexual.

No obstante, en relación con los menores de edad, la consideración del consentimiento varía en el sentido que vamos a ver en este artículo.

¿Es delito tener relaciones con un menor de 18 años?

Mantener relaciones sexuales con un menor de 18 años, siempre que sea mayor de 16, está sujeto a las mismas condiciones que mantenerlas con una persona mayor de edad, ya que la edad legal para el consentimiento sexual está fijada en los 16 años.

Por tanto, tener relaciones sexuales con una persona de entre 16 y 18 años será delito en la medida en que no exista consentimiento o el consentimiento no sea libre, es decir, esté viciado por haberse obtenido mediante intimidación, violencia o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima (artículo 178 apartados 1 y 2 del Código Penal).

¿Es delito tener relaciones con un menor de 16 años?

En este supuesto, el consentimiento del menor de 16 años es irrelevante, ya que, en principio, no se considera válido nunca (salvo en un caso de exención que veremos en otro apartado). Así lo establece el artículo 181.1 del Código Penal:

1. El que realizare actos de carácter sexual con un menor de dieciséis años, será castigado con la pena de prisión de dos a seis años.

[…]

Artículo 181.1 del Código Penal

El Código Penal regula las agresiones sexuales a menores de 16 años en un capítulo separado, el capítulo II, dentro de los delitos contra la libertad sexual del título VIII.

En dicho capítulo, se recogen una serie de conductas delictivas muy variadas donde la víctima es menor de 16 años, y van desde la agresión sexual contra él hasta la realización de actos sexuales delante de un menor o de contactos por internet o teléfono con fines sexuales con un menor.

Por tanto, se trata de un amplio espectro de delitos que trata de abarcar todas las acciones posibles que impliquen un atentado contra la libertad sexual del menor, incluidos los actos de carácter sexual que realice el menor con un tercero o sobre sí mismo a instancia del autor del delito.

¿En qué caso no es delito mantener relaciones sexuales con un menor de 16 años?

Existe un caso en el que sí se considera válido el consentimiento prestado por un menor de 16 años.

El artículo 183 bis contempla un supuesto de exención de la responsabilidad penal en las relaciones sexuales con menores de esa edad: cuando exista el libre consentimiento del menor de 16 años y la otra persona sea próxima a este por edad y grado de desarrollo o madurez física y psicológica. 

Con este precepto, se trata de despenalizar las relaciones sexuales consentidas entre iguales en edad o desarrollo, donde queda patente que no ha existido ninguna situación de abuso ni de aprovechamiento de la vulnerabilidad del menor por parte de un adulto.

No obstante, el artículo es algo ambiguo, y la determinación del grado de desarrollo o de la madurez física y psicológica dependerá del resultado de los informes periciales que se soliciten, en su caso.

Además, esta exención no se aplica si concurre alguna de las circunstancias previstas en el artículo 178.2:

• Cuando se emplee violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima.
• Cuando los actos se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuya situación mental se abuse.
• Si los actos se realizan teniendo la víctima anulada su voluntad por cualquier causa.

¿Qué ocurre si el menor tiene una discapacidad intelectual?

Las personas con discapacidad necesitadas de especial protección reciben el mismo tratamiento que los menores en orden a salvaguardar su integridad física, moral y sexual, por tanto, si se trata de un menor de 16 años con discapacidad, se entiende que existe delito incluso aunque haya mediado su consentimiento.

En el caso del menor de edad pero mayor de 16 años, la existencia de delito depende de la capacidad del menor con discapacidad para prestar un consentimiento válido, lo que habrá que valorar en cada caso concreto solicitando el oportuno informe pericial.

¿Qué sucede si el autor de los hechos es también menor?

La responsabilidad penal de los menores de edad está regulada en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (conocida como Ley del menor).

Conforme a dicha ley, los menores de 14 años son inimputables penalmente (artículo 3), aunque su conducta es generadora de responsabilidad civil, que recaerá sobre sus progenitores o representantes legales.

En cuanto a los mayores de 14 años y menores de 18 años, se entenderá que cometen un delito contra la libertad sexual si realizan las conductas descritas en los artículos 181 a 183 del Código Penal, siempre que no concurra la causa de exención contemplada en el artículo 183 bis, es decir, siempre que no tengan una edad próxima o un similar grado de desarrollo o grado de madurez física y psicológica, y medie el consentimiento no viciado de la otra parte.

En la imposición de las penas, se tendrá en cuenta lo establecido en la L.O. 5/2000, con la consiguiente posibilidad de aplicar medidas terapéuticas.

Es importante puntualizar que la responsabilidad del menor vendrá determinada por la edad que tuviera en el momento exacto de los hechos.

¿Qué otras implicaciones tiene la minoría de edad en otros delitos sexuales?

Además de los delitos sexuales en los que la víctima es específicamente un menor de 16 años, el Código Penal también considera la minoría de edad como una circunstancia agravante en los siguientes delitos sexuales en los que la víctima puede ser cualquier persona, independientemente de su edad:

• Delito de acoso sexual (artículo 184), donde la pena se aplicará en su mitad superior si la víctima se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad o discapacidad. Por otro lado, el artículo castiga con más dureza las distintas situaciones de acoso que afectan a menores.
• Delito de exhibicionismo (artículo 185), que castiga especialmente la ejecución de actos de exhibición obscena ante menores de edad o personas con discapacidad.
• Difusión o exhibición de material pornográfico entre menores o personas con discapacidad (artículo 186).
• Inducción a la prostitución de un menor de edad o persona con discapacidad (artículo 188.1).
• Relación sexual con un menor a cambio de remuneración o promesa (artículo 188.4).
• Captación de menores o personas con discapacidad para espectáculos exhibicionistas o pornográficos, utilización de menores para pornografía o no evitación del estado de prostitución o corrupción de un menor que se tenga a cargo (artículo 189).